Al señalar que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hay artículo que haga mención a los derechos de los policías, el Diputado Federal por Nuevo León, Alfonso Robledo, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y añadir a la ley estatutos que garanticen las necesidades laborales de los cuerpos de seguridad del país.
Robledo mencionó que el 95 por ciento de los policías no tienen seguro social, así como algunos carecen de crédito, servicios médicos, pensiones o derecho a una jubilación digna, medida que aplica por igual a peritos y agentes del MP, esto debido a que su relación con el Estado es administrativa y no laboral.
“Es imposible que ellos estén en la calle tratando de salvaguardar nuestra integridad personal y patrimonial y no le podamos dar ni siquiera derecho a algo tan básico como la seguridad social”, mencionó Robledo.
En compañía del Presidente de la Asociación Nacional de Ciudadanos Uniformados, Iván Chávez, Robledo señaló que la iniciativa propone en el capítulo dedicado a los derechos que deben gozar desde su alta en el servicio, de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las disposiciones legales aplicables.
Es así como se propone garantizar servicios a la salud, pensiones y seguro por fallecimiento, créditos a corto, mediano y largo plazo, licencias con goce de sueldo por asuntos familiares en temas como maternidad o fallecimiento, así como créditos para vivienda, becas de estudios para ellos y sus descendientes, viáticos en caso de laborar a más de dos horas de trayecto, entre otros.
Cabe señalar que también se aplicaría licencias sin goce de sueldo para ejercer cargos públicos de elección popular por el tiempo que dure su encargo o por cuestiones personales hasta por seis meses, debiendo dar aviso escrito con anticipación.
En la conferencia de prensa, Iván Chávez aseguró que los policías, los peritos y los agentes del MP, no tienen una certeza debido a que su relación con el Estado, es una relación administrativa y no laboral según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta ambigüedad en cuanto a su relación jurídica con el Estado, da pauta a que sean violentados sus Derechos Humanos esenciales.
“Con la iniciativa que construimos juntos, se pretende incorporar un apartado A, dentro del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la obligación de los estados de la federación y de los municipios para dotar de estos derechos a los policías, peritos y agentes del ministerio público”, manifestó Chávez.
Mencionó que hay entidades del país, como Oaxaca y Chiapas en donde un policía tiene que pagar de su sueldo cualquier herida que sea producida en el desempeño de sus funciones y no tiene derecho que le administren incapacidades medicas durante el tiempo de su recuperación.
La iniciativa fue presentada a la Mesa Directiva, esto conjunto con la Diputada Alejandra García Morlán.